Todo parecía estar en orden y seguir los pasos habituales. La Fiscalía General de la República (FGR) había decomisado en el Estado de Guerrero una tonelada de cocaína al crimen organizado. Como marca la ley, la droga tenía que ser incinerada. Sin embargo, un grupo de funcionarios sustituyó el cargamento de cocaína por leche en polvo y eso fue lo que ardió en el fuego. La maniobra fue descubierta y hace unas semanas la Fiscalía destituyó y denunció a una decena de funcionarios, entre ellos al contralor de la dependencia, Arturo Serrano Meneses, el encargado en última instancia de dar el visto bueno a este tipo de operaciones. De acuerdo con fuentes de la FGR y el Gobierno federal consultadas por EL PAÍS, los acusados enfrentan cargos por corrupción y omisiones graves en las áreas de verificación de bienes asegurados y procesos de incineración de narcóticos. De la tonelada de cocaína que se salvó del fuego, poco más se sabe.
Entre los funcionarios destituidos hay un hermano de Santiago Taboada, exalcalde de Benito Juárez (Ciudad de México) y excandidato del PAN al Gobierno de la capital. Esta deriva política ha provocado que el caso haya entrado también al barro de la riña entre partidos. Morena está aprovechando la ocasión para desgastar al PAN y ha denunciado que, operada en gran medida por el hermano de Taboada, existe una red de corrupción y narcotráfico dentro de la fiscalía que se queda con los cargamentos de droga incautados para luego venderlos a intermediarios.
En respuesta a las acusaciones de Morena, el propio Santiago Taboada manifiesta en un escrito enviado a este diario que “no existe ninguna investigación, averiguación previa o carpeta de investigación en contra de mi hermano Sergio Taboada Cortina”. Y que “su desempeño público ha sido siempre transparente y apegado a la ley. No forma ni ha formado parte de ningún órgano de investigación dentro de la FGR”.
El excontralor fue desalojado de las instalaciones del Órgano Interno de Control de la Fiscalía a principios de agosto por parte de elementos federales de seguridad, según Reforma, que adelantó la información del caso. Serrano y el grupo de colaboradores acusados no fueron detenidos oficialmente en ese momento. La maniobra sirvió para obligarlos a renunciar de sus cargos. Los informes a los que ha tenido acceso EL PAÍS señalan que la Fiscalía les acusa de delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la administración de justicia.
El asunto de la cocaína intercambiada por leche en polvo es uno de varios expedientes armados contra Serrano y su grupo. La Fiscalía señala que el excontralor estuvo involucrado en irregularidades en la adjudicación de contratos públicos y en el cobro de sobornos a proveedores. De manera ordinaria, el asunto tendría que ser investigado por la Fiscalía de Asuntos Internos, pero Serrano y el resto de sus colaboradores son señalados de delincuencia organizada, materia de otra área de la FGR.
Este diario ha intentado contactar con Serrano a través de Javier Morales, su secretario particular, para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta a la petición. La Fiscalía acusa también a Sergio Taboada, responsable de la Unidad de Control y Evaluación y hermano del exalcalde panista; a Javier Morales, el secretario de Serrano; a José María Peña, secretario técnico; a Carlos Rascón, encargado de la Unidad de Responsabilidades; a Josué Crespi, de Denuncias e Investigaciones; a José Alzati, de Verificación del Destino Final de Bienes Asegurados; a Héctor Montes, de Auditoría Interna; a Alejandro Vélez, de la Unidad Jurídica, y a Javier Maldonado, de Administración.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó la investigación en curso contra Serrano y sus colaboradores en una de las conferencias Mañaneras de la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien llamó a que la investigación siguiera adelante y pidió al fiscal general, Alejandro Gertz, presentar un informe al respecto. Serrano fue designado como contralor de la FGR por la Cámara de Diputados en 2019 y en 2023 fue ratificado en ese cargo por otros cuatro años. Su renuncia forzada evitó el trámite para que la Cámara Baja lo destituyera. Ahora, en su lugar, los diputados nombraron a Óscar del Río Serrano, hijo de José Manuel del Río Virgen, un político de Movimiento Ciudadano (MC) muy cercano a Ricardo Monreal, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.
Reforma reportó que Serrano tramitó un amparo para evitar su captura y señala que el excontralor también fue denunciado por presuntamente haber pedido un soborno de seis millones de pesos a la firma Casanova Rent Volks para arreglar una contratación relacionada con el arrendamiento de vehículos para la Fiscalía. En este caso, también está señalado Carlos Rascón. Casanova es un viejo proveedor de la FGR. En 2020, la dependencia de Gertz le adjudicó directamente un contrato de 1.620 millones de pesos por el servicio de arrendamiento vehicular.
Tras el escándalo, los diputados del PAN exigieron a la Fiscalía informar sobre los procedimientos contra Serrano e hicieron notar la posible irregularidad de su destitución, una facultad que correspondía exclusivamente a la Cámara de Diputados. Si bien el excontralor fue orillado a renunciar, con lo que se salvó el protocolo de la remoción, desde la Secretaría de Gobernación —según las fuentes consultadas por EL PAÍS— leyeron la intervención de los panistas como “una clara defensa” de los funcionarios acusados, especialmente por el nexo con Taboada.
El exalcalde es mano derecha de Jorge Romero, el dirigente del PAN, y está encargado de la operación política desde la dirigencia del partido conservador. Taboada es uno de los mayores enemigos del oficialismo, que lo acusa de formar parte del cartel inmobiliario que hizo negocios millonarios con obras en la alcaldía Benito Juárez. El portavoz del bancada de diputados de Morena, Arturo Ávila, asegura que el hermano de Santiago Taboada es uno de los principales operadores de la trama. Y que “todo lo que decomisaban de cocaína lo sustituían por leche en polvo, para después sacarla y venderla”.
