Iniciativa plantea mecanismos excepcionales para adolescentes de 16 y 17 años
Ciudad de México. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa que plantea someter a adolescentes de 16 y 17 años al régimen penal ordinario si participan en delitos dolosos considerados de “extrema gravedad” una vez que cumplan la mayoría de edad.
La propuesta busca reformar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y el Código Nacional de Procedimientos Penales mediante la incorporación de un nuevo Título VII Bis, con criterios, plazos y procedimientos para que los casos se juzguen con base en evidencia técnica sin renunciar al enfoque humanista del sistema juvenil.
Aumento de casos y contexto nacional
Ramírez Marín resaltó que grupos del crimen organizado han reclutado a menores para homicidios dolosos, secuestros, violaciones agravadas y portación de armas de fuego, con incidencia notable en estados como Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Chihuahua y la Ciudad de México.
Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que las carpetas de investigación por homicidio doloso cometidos por menores crecieron más de 40 % entre 2019 y 2024, y que en la Ciudad de México se duplicaron los casos de adolescentes de 14 a 17 años detenidos por homicidio y portación de armas.
Organizaciones civiles como Reinserta A.C. han señalado que más de 250 mil menores están en riesgo de ser cooptados por la delincuencia, debido a factores como pobreza, desintegración familiar y sensación de impunidad.
Casos recientes y justificación de la iniciativa
El senador mencionó casos recientes —como los asesinatos del empresario Samuel Cohen Gindi en la colonia Anzures y del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, con participación directa de adolescentes de 16 y 17 años— para ejemplificar la tendencia de jóvenes asumiendo roles letales dentro de estructuras delictivas.
Ramírez Marín aseguró que la iniciativa no tiene como objetivo criminalizar a la juventud, sino dotar al Estado de herramientas proporcionales y garantistas para fortalecer la seguridad pública, cerrar vacíos legales y restituir la confianza ciudadana en la capacidad del sistema de justicia para responder a la violencia juvenil.
