Excélsior informó que en la relación de gastos del Senado durante el primer trimestre de 2026, referente a los contratos, bienes y servicios que adquiere, aparecía nuevamente el contrato SERV/DGRMSG/057/03/2025, por un monto total, con IVA incluido, de 32 millones 510 mil 160 pesos, firmado el 14 de marzo del 2025; es decir, en el primer trimestre del año pasado, con el proveedor Alejandro Hernández Jacinto y que incluye un anexo con la relación de todas las actividades a realizar, desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2025, pero que repetía el anexo, por lo que en total son 34 hojas.

A petición expresa de una explicación, las autoridades administrativas del Senado respondieron que “al momento de realizarse la carga de información se duplicó el contrato de 2025 y 2026, sin que esto signifique afectación alguna a la vigencia de los contratos o al principio de máxima publicidad” y precisó que se solicitará a la Plataforma Nacional de Transparencia que se baje la duplicidad de ese contrato.

El 30 de junio, con base en la información que el Senado entregó a la Plataforma Nacional de Transparencia, este diario informó que la administración del Senado firmó 138 contratos y requerimientos de servicios por un máximo de 933.2 millones de pesos durante el primer trimestre de este año, para servicios que utilizará durante todo el año.

De 138 contratos y requerimientos de servicios; de los cuales 66 se refieren a contrataciones con montos cerrados y 72 a contrataciones con montos mínimos y máximos, en función de la prestación del servicio solicitado. Aunque sigue sin cumplir su obligación de colocar esa información en su propia página web, como lo hizo durante más de una década.

El Senado cambió de proveedor de servicios culturales y modificó el contrato para no sujetarse a un precio cerrado y pagar en función de las actividades que se realicen, por lo que pasó de un contrato cerrado de 32.5 millones de pesos, con IVA incluido, para un lapso de ocho meses y 15 días, a uno abierto de 11.6 millones de pesos mínimo y 34.6 millones de pesos máximo, ya con IVA, para un periodo de 10 meses y 25 días.

El 24 de agosto de 2025, Excélsior dio a conocer el contrato número SERV/DGRMSG/057/03/2025, por un monto total, con IVA incluido, de 32 millones 510 mil 160 pesos, firmado el 14 de marzo de 2025; es decir, en el primer trimestre del año pasado, con el proveedor Alejandro Hernández Jacinto y que incluye un anexo con la relación de todas las actividades a realizar, desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2025, pero que repetía el anexo, por lo que en total son 34 hojas.

Pero ahora, en este primer trimestre de 2026 vuelve a aparecer este mismo contrato con número SERV/DGRMSG/057/03/2025, por un monto total, con IVA incluido, de 32 millones 510 mil 160 pesos, firmado el 14 de marzo del 2025 con el proveedor Alejandro Hernández Jacinto y que incluye un anexo con la relación de todas las actividades a realizar, desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2025, pero ya sin repetir el anexo, por lo que son 13 hojas en total.

El cotejo de firmas entre el documento difundido en 2025 y el difundido en este 2026 son los mismos, incluso la tinta verde con la cual lo signó una de una de las autoridades del Senado, pero que ahora forma parte de los gastos del primer trimestre de este año.

En la consulta hecha por Excélsior a las autoridades administrativas del Senado, para conocer las razones de repetir un contrato que ya venció, dentro de los gastos del primer trimestre de este año, la respuesta fue que, efectivamente, se trata del mismo contrato; no tiene variación ni en los montos ni en la temporalidad ni en el nombre del proveedor; por lo que se trató de un error.

Así, a los 933 millones 269 mil 16.2 pesos que el Senado reportó haber erogado en contratos anuales durante el primer trimestre de este año, se deben restar los 32 millones 510 mil 160 pesos del contrato de cultura duplicado, por lo que el gasto real del Senado en ese periodo queda en 900 millones 758mil 556.2 pesos.

El caso

· El error. El Senado duplicó un contrato de cultura de 2025 en su reporte de gastos del primer trimestre de 2026.

· Justificación. Las autoridades administrativas lo atribuyeron a un “error de carga” en la Plataforma Nacional de Transparencia.

· Ajuste real. Tras restar el error, el gasto real del Senado en el primer trimestre baja de 933.2 a 900.7 millones de pesos.

· Transparencia. El Senado incumple su obligación de publicar estos contratos en su propio sitio web, usando sólo la plataforma nacional.

· Nuevo contrato. Para 2026 se cambió a un contrato abierto (de 11.6 mdp a 34.6 mdp) para no sujetarse a un precio cerrado.

Los bienes, que habían sido decomisados por el Poder Judicial y entregados al Instituto para su custodia, representan una pérdida económica para el erario federal estimada en más de 23 millones de pesos.

Detalles del despojo y bienes sustraídos

De acuerdo con los resultados de la auditoría 2025-02-OIC-6-HKA-AFC-007, el despojo ocurrió originalmente en diciembre de 2020 en el inmueble denominado “el Sardinero”, ubicado en el puerto de Veracruz. La fiscalización destaca las siguientes irregularidades y bienes afectados:

Vehículos sustraídos: Se reportó el robo de 211 unidades, entre las que destacan modelos de marcas como Hummer, Jeep, Honda y GMC.
Equipo electrónico: Desaparición de más de 50 pantallas planas de televisión.
Contenedor vacío: El OIC identificó un contenedor (número 1988881) que fue transferido por la entonces PGR en 2013; sin embargo, se detectó que el Indep lo recibió abierto y vacío, lo cual contradice las declaraciones realizadas ante la autoridad ministerial.
Impacto financiero: El “cuadro de determinación de pérdida” de octubre de 2024 fijó el monto del daño en 24 millones 383 mil 757 pesos.

Detección de unidades “reemplacadas” en el país

A través de una revisión en el Registro Público Vehicular (Repuve), el medio señala que el personal del OIC identificó que al menos 12 de los vehículos robados ya han sido dados de alta con placas nuevas y se encuentran circulando en diversas entidades del país.

Los estados donde se detectaron estas unidades son:

Veracruz.
Jalisco.
Ciudad de México.
Coahuila.
Guanajuato.
Tlaxcala.
Querétaro.

Cronología del siniestro y amenazas a funcionarios

La auditoría pormenoriza una serie de eventos que dificultaron la recuperación de los bienes y la documentación del robo por parte de la Coordinación Regional Golfo del Indep:

17 de diciembre de 2020: Se registra el despojo del inmueble por parte de personas vinculadas al sindicato portuario.
26 de agosto de 2021: Se reporta un incendio al interior del inmueble despojado.
13 de abril de 2022: El apoderado legal del Indep informó que no se pudo realizar la inspección física de los 241 vehículos (cifra inicial reportada en ese momento) debido a que una persona identificada como secretario del Sindicato de Servicios Portuario de Veracruz negó el acceso mediante amenazas y empujones.
2 de marzo de 2024: Mediante el uso de un dron, una empresa de seguridad privada constató que los vehículos ya no se encontraban en el predio invadido.
19 de marzo de 2024: Una inspección ocular de la Agencia del Ministerio Público de la Federación confirmó la ausencia total de las unidades.

Deficiencias administrativas y riesgo con la aseguradora

El informe del OIC alerta sobre la gestión deficiente del siniestro 35100-3239504. Al cierre de la auditoría, habían transcurrido 550 días sin que se concluyera la recuperación del daño ante la aseguradora. El organismo advirtió que, de no formalizar la reclamación antes de cumplirse dos años del siniestro, existe el riesgo de que la compañía de seguros se niegue a cubrir la indemnización.

Lo anterior afectará directamente en los consumidores, con incrementos en algunos casos de casi el cien por ciento, señaló Álvaro López Rios, dirigente de la organización.

Indicó que entre los alimentos con mayor alza están el tomate verde subió casi 97 por ciento al pasar de 28 a 60 pesos por kilogramo. El jitomate se ubica hasta en 60 pesos, cuando hace un año costaba alrededor de 22 pesos el kilogramo. El chile serrano, arriba de 70 por ciento; la lechuga y la papa, 30 por ciento; y el limón, cuyo precio pasó de 30 a 50 pesos por kilogramo. En cuanto a las frutas como la papaya tiene un costo de 14 por ciento más y la uva, 8 por ciento.

Además, dijo, las proteínas animales están fuera de control impulsando la inflación general a 4.61  por ciento a tasa anual en la primer quincena de marzo.

Alertó que la siembra del ciclo agrícola primavera-verano (PV) en México inicia principalmente en marzo y se extiende hasta septiembre, siendo abril y mayo los meses de mayor actividad de siembra, sincronizándose con las primeras lluvias, puede verse mayormente afectada por el alza en insumos como son fertilizantes, diesel y gasolina.

Por lo cual, contribuye a la presión al alza en los costos de producción en los próximos meses cuando inicie la cosecha. El maíz enfrenta una situación “crítica” con costos operativos por hectárea que van de 45 mil a 55 mil pesos en zonas como Sinaloa.

Como consecuencia estimó que el precio de la tortilla y el maíz blanco subirán, ya que los productores enfrentan baja rentabilidad y los precios de garantía actuales se consideran insuficientes para cubrir los insumos.

Precisó que el país importa 75 por ciento de los fertilizantes que utiliza y esa cifra no se ha movido en los últimos años. En 2025, fueron alrededor de 3.8 millones de toneladas.

Se prevé, dijo, que la producción de maíz para el ciclo agrícola 2026-27 disminuya aproximadamente 3 por ciento interanual, situándose en torno a las 24.5 millones de toneladas.

Así lo señala el acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que modifica el texto con las medidas de protección en materia de salud humana para prevenir el uso y consumo de seudoefedrina y efedrina.

Los numerales primero, segundo, tercero y sexto de dicho acuerdo extienden la prohibición del uso de seudoefedrina, efedrina, así como las sales, precursores y derivados de éstas en el proceso de fabricación de medicamentos o cualquier insumo para la salud, ya sea como materia prima, principio activo, precursor químico, químico esencial, o cualquier otra función.

Asimismo, el numeral segundo determina la prohibición en la producción, distribución y comercialización de los medicamentos o cualquier insumo para la salud que hayan sido elaborados usando en alguno de sus componentes o aditivos seudoefedrina y efedrina, sus sales, precursores y derivados.

Además, determina que exclusivamente los titulares de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) o la Comisión de Autorización Sanitaria otorgarán permisos para el uso y adquisición de seudoefedrina y efedrina a las dependencias, entidades e institutos que requieran esas sustancias “para llevar a cabo acciones de investigación o para efectos de estar en posibilidad de ejercer sus facultades de vigilancia o sus actividades de análisis toxicológicos”.

A su vez, el acuerdo añade que se prohíbe toda importación de medicamentos o cualquier insumo para la salud que haya sido elaborado utilizando como uno de sus componentes o aditivos las sustancias seudoefedrina y efedrina, sus sales, precursores y derivados, con algunas excepciones.

Destrucción de productos

“Si algún lote de seudoefedrina, efedrina o producto terminado que contenga seudoefedrina o efedrina, así como las sales, precursores y derivados de éstas, es introducido al país dado su avanzado proceso de importación, deberá procederse a su destrucción”, debiendo dar el aviso de manera inmediata a la Cofepris.

La propuesta, adelantó, será enviada al Senado este mismo día para su análisis.

En la conferencia matutina, Sheinbaum estuvo acompañada por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, quien explicó que el proyecto pretende unificar criterios y procedimientos en las fiscalías estatales.

De acuerdo con Godoy, la falta de uniformidad ha sido uno de los mayores obstáculos para combatir la impunidad en casos de violencia feminicida.

“Que todos investiguemos igual, que no está fácil”, afirmó, al detallar que 40 artículos de la propuesta están dedicados exclusivamente a regular el proceso de investigación con estándares comunes.

La presidenta destacó que el documento toma como base el modelo de investigación desarrollado en la Ciudad de México, donde —aseguró— se logró reducir la impunidad en feminicidios gracias a protocolos más estrictos y una mayor coordinación interinstitucional.

El objetivo ahora es llevar ese enfoque a todo el territorio nacional mediante una Ley General sustentada en un artículo específico de la Constitución.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado 8 de marzo, Sheinbaum subrayó que la iniciativa responde a una demanda histórica del movimiento feminista y de las familias de víctimas: contar con un sistema de justicia que no permita la disparidad de criterios ni la minimización de la violencia contra las mujeres.

Uno de los cambios más significativos, señaló, es la obligación de que toda muerte violenta de una mujer sea investigada de inicio como feminicidio.

Esto implica que el Ministerio Público deberá aplicar el protocolo correspondiente desde el primer momento, evitando que casos potencialmente dolosos sean clasificados de manera prematura como accidentes o suicidios.

“De inicio, feminicidio; eso es un cambio sustantivo”, enfatizó la mandataria.

Además de los procedimientos de investigación, la iniciativa incluye lineamientos para la prevención, la sanción de servidores públicos que incurran en omisiones y la reparación integral del daño a víctimas indirectas.

También prevé la creación de mecanismos de coordinación para que todas las fiscalías estatales operen bajo estándares comunes y reporten información con criterios unificados.

Previo a la intervención de Godoy, la presidenta pidió a los reporteros no formular preguntas relacionadas con la Fiscalía, dado que la titular se encontraba presente en el Salón Tesorería exclusivamente para exponer los aspectos técnicos de la propuesta.

La iniciativa, aseguró Sheinbaum, busca fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia y cerrar los espacios a la impunidad.

Con la homologación nacional de criterios, dijo, el Estado mexicano enviaría una señal clara de compromiso frente a uno de los delitos más graves y persistentes contra las mujeres en el país.

Pemex detalló que cerca de las 6:00 horas se detectó la conflagración alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería Dos Bocas, como comúnmente se le conoce.

“Debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación”, explicó la empresa sobre el origen del incendio.

Anotó que como consecuencia de este incidente, cinco personas fallecieron. Entre las víctimas se encuentra una trabajadora de Pemex. El resto de las personas fallecidas laboraban para una compañía de servicios externa a Pemex. La empresa indicó que los cuatro trabajadores transitaban a bordo de un vehículo en una vialidad federal aledaña a las instalaciones de la refinería cuando ocurrió el siniestro.

La empresa destacó que el fuego solo alcanzó la barda perimetral de la instalación, por lo que la infraestructura no resultó afectada y la refinería opera con normalidad.

Después de reiterar que el incendio fue controlado y no representa riesgo para la población ni para las y los trabajadores, Pemex señaló que personal del área de Salvaguardia Estratégica de la empresa colabora con las autoridades correspondientes para determinar las causas del incidente.

Pemex expresó sus condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas en la conflagración. Agregó que brinda atención integral y acompañamiento a las personas lesionadas, en coordinación con las autoridades correspondientes, para asegurar que reciban la atención necesaria.

El gobierno de México no cerró la posibilidad este martes (17.03.2026) para que Irán pueda disputar sus partidos del Mundial 2026 en su territorio, aunque la FIFA, de momento, no contempla cambios en las sedes confirmadas.

Irán, encuadrada en el grupo G del Mundial de fútbol de 2026 y debía enfrentarse a Nueva Zelanda, Bélgica (ambos en Inglewood, California) y Egipto (en Seattle).

Sin embargo, el pasado jueves, Trump aseguró que la selección iraní es “bienvenida” en el Mundial en Estados Unidos, pero le recomendó no participar por “su propia seguridad”.

Trump reconoció que no puede garantizar la seguridad de la selección de Irán en territorio estadounidense. Ante eso la Federación iraní (Ffiri) comenzó a negociar con la FIFA trasladar sus partidos del Mundial 2026 a México.

La embajada iraní en México propuso el lunes la alternativa: “En referencia a la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la emisión de visas y la prestación de apoyo logístico a la selección nacional de fútbol de Irán en la preparación para la Copa Mundial de 2026, Abolfazl Psedniddeh [embajador de Irán en México] sugirió a la FIFA que los partidos de Irán en dicho evento se trasladen de Estados Unidos a México”.

Competir según el calendario

La respuesta de la FIFA no se hizo esperar. “La FIFA tiene un contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la Federación Iraní, para debatir la planificación de la Copa Mundial 2026”, señalaron fuentes de FIFA a EFE, que apuntaron que la organización internacional “espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado en diciembre”.

A pesar de la negativa, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, afirmó este martes que el cambio es una posibilidad. “Lo están viendo con la FIFA. Sí es factible porque [los iraníes] iban a ir a Estados Unidos. Sí pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos”, señaló la mandataria.

México es uno de los países anfitriones del torneo, junto con Estados Unidos y Canadá, por lo que una eventual reubicación de partidos dependería de acuerdos logísticos y políticos entre los organizadores y la FIFA.

Sin embargo, la propuesta también ha desatado un intenso debate entre empresarios, especialistas y autoridades, quienes advierten posibles impactos en la productividad, los costos operativos y la organización interna de las empresas.

Empresarios plantean jornadas más intensas

Ante la eventual aprobación de la semana laboral de 40 horas, el sector empresarial comenzó a analizar ajustes internos para compensar la reducción de tiempo. De acuerdo con sus planteamientos, una de las opciones sería incrementar la intensidad del trabajo diario.

En este contexto, algunos empleadores han propuesto eliminar los llamados “tiempos muertos” dentro de la jornada laboral. Entre ellos, mencionan la pausa de media hora para comer, actualmente contemplada en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Desde esta postura, argumentan que cumplir ocho horas de trabajo de manera continua, sin interrupciones, permitiría compensar el día adicional de descanso semanal sin afectar la productividad ni el funcionamiento de las empresas.

La postura del Gobierno sobre la jornada de 40 horas

Frente a la polémica, el Gobierno federal salió a aclarar su posición. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, aseguró que la transición hacia una semana laboral de 40 horas no implicará la eliminación ni la reducción de derechos laborales vigentes.

El funcionario confirmó que la media hora de comida y los periodos de descanso establecidos en la LFT se mantendrán sin cambios, descartando que los trabajadores tengan que laborar jornadas continuas sin pausas.

De acuerdo con lo adelantado por las autoridades, la reforma podría aprobarse hacia finales de 2025, con una aplicación gradual que iniciaría durante los primeros meses de 2026.

Según el funcionario, las primeras declaraciones de los detenidos, los trabajadores fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico en el contexto de la disputa entre facciones criminales que operan en la región.

Durante su intervención en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch explicó que estas versiones corresponden a las declaraciones iniciales de los primeros detenidos, por lo que la investigación continúa abierta.

Aseguró que se espera contar con más información conforme avancen las indagatorias y se concreten nuevas detenciones relacionadas con este caso, las cuales permitirán esclarecer con mayor precisión el móvil y la cadena de responsabilidades.

Sobre el móvil del ataque, García Harfuch reiteró que la hipótesis principal es la confusión de las víctimas con integrantes del grupo contrario, en el marco de la confrontación entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos”. No obstante, aclaró que esta línea de investigación se mantiene abierta y que será fortalecida conforme se obtenga mayor información de nuevos detenidos.

Al preguntarle sobre posibles actos de extorsión contra el sector minero, el funcionario señaló que, en el caso específico de la empresa afectada, no existían denuncias previas ni registros de que hubiera sido objeto de extorsión o amenazas por parte de grupos criminales.

Garcia Harfuch afirma que los mineros de Concordia fueron confundidos con miembros de “un grupo criminal”. Tal vez, sólo tal vez- si Sinaloa no fuera un Estado fallido eso no hubiera pasado. pic.twitter.com/XklVO3zPIC— GONZALO OLIVEROS (@goliveros) February 10, 2026

Sin embargo, reconoció que en otros casos y en distintas entidades del país sí se han identificado prácticas de extorsión dirigidas no solo a empresas mineras, sino a diversos sectores productivos.

El titular de Seguridad detalló que, como parte de las acciones contra la extorsión, las autoridades federales han logrado la detención de más de 800 personas en 24 estados del país, lo que, según su opinión, refleja la dimensión nacional de este delito y la estrategia de combate implementada por el gobierno federal. Aunque no precisó estados específicos en ese momento, subrayó que se trata de un fenómeno extendido que requiere coordinación permanente entre autoridades federales y locales.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que instruyó al gabinete de seguridad a establecer un canal de comunicación directo con la Cámara Minera, con el objetivo de escuchar planteamientos del sector y ofrecer apoyo institucional.

Aunque señaló que no se tenía registro de denuncias formales por extorsión en este caso en particular, subrayó la importancia de mantener contacto permanente con las empresas mineras para prevenir riesgos y garantizar la seguridad de sus trabajadores.

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) logró la detención de Gaby N, quien el pasado 3 de enero embistió a un motociclista en la alcaldía Iztapalapa.

Las autoridades capitalinas cumplieron una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado.

En un comunicado, la FGJ señaló que las indagatorias permitieron establecer que la víctima, un hombre de 52 años que circulaba en una motocicleta, fue impactado por un vehículo en el cruce de avenida Eje 6 Sur y Periférico Oriente. Tras el impacto, el automóvil continuó su marcha y arrastró a la persona varios metros, lo que provocó su fallecimiento.

A partir del análisis de videograbaciones, entrevistas, se supo que Gaby N, quien trabajaba en el sector salud huyó a Oaxaca, en donde fue ubicada en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, donde fue aprehendida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO).

La mujer fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se determinará su situación jurídica.