La reforma a la Ley General de Salud avanza entre cuestionamientos por criminalización a los consumidores y una polémica por las sanciones penales
La Cámara de Diputados ha aprobado la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe de la producción, distribución y venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La modificación, que ha salido adelante con 324 votos a favor y 129 en contra de PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y una parte del Partido Ecologista Verde de México, contempla sanciones de uno a ocho años de cárcel y multas de hasta 226.000 pesos para quienes adquieran, fabriquen, almacenen, transporten o comercialicen vapeadores con fines de lucro.
El punto más controvertido desde que Pedro Zenteno (Morena), presidente de la Comisión de Salud, lanzó la iniciativa, ha sido el de las sanciones penales, pues el bloque de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano ha reclamado que la reforma supone una criminalización a los consumidores. Ante las críticas, Morena ha anunciado que añadirá una reserva para aclarar que los usuarios no serán sancionados. La Comisión advierte de que la venta de estos aparatos, muchos de ellos importados de manera irregular, ha ido en aumento impulsada por campañas que los presentan como herramientas para dejar de fumar, en un discurso que confunde especialmente a los adolescentes, que son de los principales consumidores de estos productos. “El propósito es proteger a la niñez y juventud frente a productos nocivos”, ha resaltado Zenteno, quien asegura que estos productos “han explotado vacíos regulatorios y se han dirigido a niños, niñas y adolescentes con diseños atractivos y publicidad engañosa que sugiere inocuidad”.
En el debate de más de tres horas, algunos legisladores de la oposición subieron a tribuna con vapeadores encendidos, mientras acusaban al Gobierno de promover una ley que puede incitar un mercado negro. “La reforma más prohibicionista, autoritaria y absurda que este país ha visto en décadas”, ha dicho Irais Reyes de Movimiento Ciudadano. “¿En qué mundo vapear es más peligroso que golpear, humillar o portar armas?”, ha reclamado. “La salud de la juventud no está en venta”, ha zanjado Zenteno.
Desde que se impulsó la prohibición de su venta tres años atrás, se han incrementado las campañas para defender su consumo. También han surgido activistas e iniciativas como México y el Mundo Vapeando, que argumentan que la prohibición es contraproducente y alimenta la crisis de tabaquismo. El pasado junio un grupo de activistas organizó una protesta con mariachis frente al Senado, donde exigió “estrategias de reducción de daños que permitan proteger la salud pública y los derechos de millones de mexicanos”.
Desde el PRI, la diputada Ana Isabel González ha señalado que la ley “no sólo prohíbe la venta, sino el consumo y la posesión”, y alertó que abrirá la puerta a abusos por parte de autoridades locales. “Tengan cuidado con lo que votan, un muchacho con un vapeador en la mochila puede ser extorsionado o detenido”, ha insistido Rubén Moreira, quien pidió hacer una pausa y revisar el alcance real del delito.
Pese a la polémica, Morena y sus aliados han aprobado el paquete, que también incluye otras reconfiguraciones, como la solicitud de Sheinbaum de fortalecer las facultades de la Secretaría de Salud en la compra consolidada de medicamentos y la contratación de equipo médico de alta tecnología. Abarca además disposiciones para combatir el tráfico de precursores químicos que se utilizan en la fabricación del fentanilo, así como nuevas reglas para el control de sustancias peligrosas. La combinación también ha sido criticada por la oposición, pues han señalado que el documento “empaqueta” temas sin relación entre sí para acelerar la aprobación. Morena defendió que todas las iniciativas forman parte de “una estrategia integral de salud”. Con el amplio margen que posee el oficialismo para lograr la mayoría calificada necesaria, de aprobarse esta semana, el dictamen pasará al Senado.
