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Rómulo Salas, del espionaje a la fiscalía de Sonora

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El historial de Gustavo Rómulo Salas Chávez da cuenta de actos de espionaje contra la abogada y defensora Ana Lorena Delgadillo, la perito forense Marcela Doretti y la periodista Marcela Turati –entonces reportera de Proceso–, a quienes de manera dolosa involucró dentro de una investigación judicial por el caso de las fosas de San Fernando, Tamaulipas. Pese a ello, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, lo propone como nuevo fiscal del estado. Se trata de una nominación con tintes de dedazo, puesto que en el Congreso local Morena tiene la mayoría.

HERMOSILLO, Son.– Con antecedentes de estar involucrado desde la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en actos de espionaje contra defensoras y periodistas, y sin conocerse sus resultados como secretario técnico de la Mesa de Seguridad en Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez fue perfilado como fiscal general de Justicia del Estado de Sonora, a propuesta del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

En su conferencia semanal del martes 16, el mandatario dijo que ya contaba con la propuesta del nuevo fiscal general de Sonora. Aunque sin adelantar el nombre, destacó la trayectoria del “personaje misterioso” en la procuración de justicia. “Obviamente no voy a compartir el nombre con ustedes por una razón, discúlpenme que lo comparta primero con el Congreso”.

Durazo continuó describiendo la experiencia del funcionario propuesto: “Participó con nosotros en el gabinete de seguridad, en el grupo de judicialización; le correspondió integrar las carpetas iniciales para la judicialización de los primeros casos que fueron sentenciados por la tragedia de Bavispe, es autor de cuatro libros y es doctor en Derecho Penal”, agregó con una sonrisa en su rostro.

Aun cuando la prensa insistió en que revelara el nombre del posible fiscal, Durazo Montaño sólo respondió: “Es una gente de excepción, vertical, sumamente comprometido. Vamos a tener un gran fiscal”.

Pese a la secrecía de Durazo Montaño, rápidamente en columnas y círculos políticos se asumió que se trataba de Rómulo Salas.
Veinticuatro horas más tarde de la aparición de Durazo con el anuncio, fue el secretario de gobierno, Adolfo Salazar Razo, quien formalmente dio a conocer que Salas Chávez es el personaje propuesto para tomar las riendas de la procuración de justicia del estado.

Ninguno de los dos funcionarios se refirió al oscuro episodio en el cual Salas estuvo involucrado mientras fue funcionario de la entonces PGR, señalado por utilizar su cargo para instrumentar una persecución ministerial contra la abogada y defensora Ana Lorena Delgadillo, la perito forense Marcela Doretti y la periodista Marcela Turati, en ese entonces reportera de Proceso que ventilaba las irregularidades en las indagatorias sobre la segunda masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas.

Fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto cuando la entonces PGR fabricó una acusación de secuestro contra Ana Lorena Delgadillo, quien representaba a algunas víctimas de desaparición; contra Marcela Doretti, integrante del Equipo Argentino de Arqueología Forense, que colaboraba en la identificación de cuerpos, y contra la periodista Marcela Turati. Los operativos de espionaje fueron del conocimiento de Gustavo Salas, entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO).

En el reportaje publicado en la edición 2352, Proceso informó sobre el virtual fiscal sonorense:

“El mando de la PGR, que actualmente es subsecretario de Control de la Legalidad, Procesos y Atención Jurídica a Instancias Federales, del gobierno de Sonora, recibió los informes solicitados de forma “extraurgente” y “confidencial” a diversas compañías telefónicas sobre las llamadas entrantes y salientes de las tres mujeres que, desde sus respectivas especialidades, intentaban desentrañar el secuestro y homicidio de 196 personas, cuyos restos fueron encontrados en abril de 2011 en decenas de fosas localizadas en zonas aledañas a las carreteras de San Fernando, Tamaulipas.

“Junto con Gustavo Salas –hombre de confianza del actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño–, el entonces director general del Cuerpo Técnico de la SEIDO y actual comisario general interino de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José Sigifredo Valencia Rodríguez; el exfiscal Antisecuestros de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez, y la excoordinadora de Servicios Periciales de esa misma dependencia, Sara Mónica Medina Alegría, estuvieron enterados de la investigación a Turati, Doretti y Delgadillo”.

Además Salas fue partícipe de la investigación por la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, cuyo resultado posteriormente sería defenestrado por la práctica de tortura contra varios detenidos y presuntos implicados, a manos de funcionarios como Tomás Zerón, quien huyó a Israel.

Antes de ocupar el cargo de titular de la SEIDO (en septiembre de 2015), Salas fungió como titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), adscrita a la propia instancia federal.

También fue fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, y director general adjunto de asesoría en asuntos especiales. En su trayectoria también figura el cargo de secretario de Seguridad en Chiapas
Salas Chávez actualmente se desempeña como secretario técnico en la Mesa de Seguridad, donde percibe un sueldo de aproximadamente 74 mil 330 pesos mensuales.

Trámite rápido

“Es una nominación que va al Congreso del Estado, que determinará si se acepta o no. Creo que es acertada la propuesta”, dijo el secretario de gobierno, Adolfo Salazar.

El funcionario adelantó que la nominación podría ser bien recibida por los diputados en el Congreso de Sonora. “Creemos que hay muchas condiciones para que la propuesta reciba un respaldo muy contundente por los legisladores”, concluyó.

Lo cierto es que el trámite parlamentario fue veloz, a partir de que el gobernador dio a conocer que tenía ya una propuesta y de que el secretario de gobierno confirmó la identidad.

Dos días después del anuncio de Durazo, el jueves 19, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Gobierno de Sonora ya sesionaba y aprobaba por unanimidad la propuesta del mandatario para designar a Salas Chávez como fiscal general de Justicia.
La comisión está integrada por los legisladores Jacobo Mendoza Ruiz, Azalia Guevara Espinoza, Héctor Raúl Castelo Montaño –el primero, presidente de la comisión–, diputados por Morena; Sebastián Antonio Orduño Fragoza, del PT; Azalia Guevara Espinoza, Fermín Trujillo Fuentes, de Nueva Alianza, así como Ernesto De Lucas Hopkins y Rosa Elena Trujillo Llanes, ambos de MC.

El morenista Jacobo Mendoza dijo en entrevista que se valoró el expediente dada su experiencia, trabajo en el sector de la procuración de justicia y su trayectoria laboral.

“Lo que puedo decir es que hay un consenso al interior las fuerzas políticas del Congreso de aprobar, pero siempre hay discusión, análisis; puede haber votaciones en contra, como todo dictamen”, dijo.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue cuestionado sobre los señalamientos contra el exfuncionario federal por espionaje contra defensoras y la periodista.

“En un país libre, con libertad de prensa y libertad de expresión; puede uno entrar a Google y ver cantidad de notas. Nosotros, como Congreso, tenemos que dictaminar y valorar el expediente en función de los hechos, documentos que se aportan.
“Yo no sé cómo calificar una nota periodística o alguna opinión de una persona, un periodista, pero también no podemos en base a notas periodísticas formar un criterio para dictaminar dentro del Congreso”, fue su respuesta.

En cuanto a los señalamientos por figurar como uno de los responsables del sistema Pegasus y su labor en sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, Jacobo Mendoza mencionó que es evidente que una persona con más de 40 años de experiencia en el servicio público haya tenido participación en diferentes administraciones, pero, acotó, “eso no lo hace responsable o culpable de alguna comisión de un delito”.

E insistió en que “en este momento tenemos que valorar su expediente, su experiencia académica, laboral y en ella encontramos a una persona con una gran preparación. Si usted me dice aquí está su expediente donde fue llevado un caso y fue encontrado culpable, le aseguro que el Congreso no hubiera aprobado la propuesta; pero si son notas informativas, notas periodísticas u opiniones de Google, no podemos tomar eso como la opinión del Congreso”.

Con todo y que votó en favor y se sumó a la unanimidad, la diputada de la bancada de Movimiento Ciudadano, Rosa Elena Trujillo, dijo que, por la relevancia del cargo y la manera con la cual se da la sucesión, el Congreso del Estado debe vigilar dos aspectos: autonomía y que en el proceso hubiera estado acompañado de sociedad civil.

A partir de la aprobación en comisiones, saldría la convocatoria para la sesión extraordinaria en la que el Congreso discuta el nombramiento del nuevo fiscal.

La propuesta impulsada por Alfonso Durazo tiene amplia posibilidad de que sea avalada por los legisladores, ya que cuenta con una gran mayoría en el Congreso, con 16 diputados de Morena y partidos aliados (PT, PES y Verde Ecologista).

El propio gobernador ha dado cuenta de su confianza por “tener la mayoría” de su lado en el Poder Legislativo.

El domingo 14, al arribo de Claudia Sheinbaum a Sonora, durante el acto para abordar los avances del convenio de colaboración entre el estado y la Ciudad de México –al cual asistieron diputados de diferentes partidos, además de Morena–, Durazo Montaño presumió: “Es un Congreso que me ayuda de manera extraordinaria… Pudiera dar muchos ejemplos que motivan este extraordinario reconocimiento que le tengo a los diputados de todos los partidos. Siempre que han introducido cambios a las iniciativas que hemos presentado, como es su derecho, debo reconocer que siempre ha sido para bien”.

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