Además de la impunidad, otra grave consecuencia de la extorsión es que afecta a todos los sectores económicos, desde los pequeños negocios hasta las grandes empresas, incluso las trasnacionales.
El congreso mexicano aprobó ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, obligatoria mientras la persona acusada enfrenta su juicio.
Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario de morena en la Cámara de diputados dijo que “esto implica que habrá prisión preventiva oficiosa a todos aquellos que cometan delitos de feminicidio, que abusen sexualmente de menores, que extorsionen, que asalten en carreteras, que asalten en casa habitación, que secuestren, que usen armas y explosivos de uso del ejército. también son delitos que no logran salir en libertad como el guachicoleo o robo de hidrocarburos, tampoco la corrupción, incluso los delitos electorales”.
El delito de extorsión es el único delito de alto impacto que no disminuye y por el contrario, afecta cada vez más a la economía, tanto para los grandes negocios como para las familias.
Mientras el banco interamericano de desarrollo estima que el costo de la criminalidad en México representa 3.5 por ciento del producto interno bruto, la asociación mexicana de pequeños comerciantes, que agrupa 200 centros comerciales del país, el pago por extorsión llega a ser de 25 por ciento de sus ingresos totales.
Alberto guerrero Baena, consultor en seguridad, policía, justicia y movimientos sociales dijo que por ejemplo, si nos vamos a municipios, si nos vamos a lugares donde la autoridad no llega, gran parte de estos negocios, de estas personas que son extorsionadas, ya consideran dentro de su plan de trabajo o en todo caso dentro de sus gastos a erogar, el pago al grupo local o en todo caso la persona que sin duda los va a extorsionar.
Una encuesta de la confederación de cámaras nacionales de comercio -Concanaco- reconoce a la extorsión como uno de los delitos que mayores pérdidas les genera, por encima del robo de mercancía o el asalto a sus instalaciones.
El mapa de incidencia delictiva elaborado por la propia confederación, ubica al estado de México en primer lugar con una tasa de incidencia de 20.06 casos por cada cien mil habitantes. El segundo lugar lo ocupa Colima con 19.57 por cada cien mil habitantes, y le siguen Nuevo León, Guanajuato, Morelos e Hidalgo.
Sin embargo, resulta difícil calcular el costo real porque 90 por ciento de los casos no se denuncia y los montos exigidos a las víctimas varían, lo mismo que el origen de la extorsión.
Alberto Guerrero Baena, consultor en seguridad, policía, justicia y movimientos sociales dijo que la cifra negra es todo lo que no se denuncia, pero también entro de la narrativa ciudadana, hay muchas personas que son extorsionadas, por sus vecinos, por gente que de alguna manera tiene algún pequeño nexo con algún minorista o crimen organizado.
