El Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a 70 años de prisión a “El Gato” por el asesinato de Juan Carlos H. M y Francisca M. V., en julio de 2021, en Cosolapa, en la región de la Cuenca del Papaloapan.

OAXACA, Oax. (apro).- Pese a haber sido sentenciado a 70 años de prisión por homicidio calificado, portación de armas y delitos contra la salud al ser señalado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, el exdiputado del PRI, Gustavo Díaz Sánchez alias “El Gato” salió libre, luego que un juez federal le concedió un amparo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Oaxaca, Iván García Álvarez, confirmó que después de cuatro años de permanecer recluido el exdiputado abandonó el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet y “ya no podemos objetar ningún tipo de retención porque concluyó el proceso, se decretó auto de libertad, entonces, ya no podemos detenerlo más”.

Cabe recordar que el Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a 70 años de prisión a “El Gato” por el asesinato de Juan Carlos H. M y Francisca M. V., en julio de 2021, en Cosolapa, en la región de la Cuenca del Papaloapan.

En la audiencia de lectura de sentencia, los jueces determinaron que las pruebas aportadas por el agente del Ministerio Público del área de Alto Impacto de las Fiscalía General del Estado fueron contundentes para acreditar la responsabilidad del diputado en los dos crímenes ocurridos en la agencia del Refugio, San José Cosolapa, Oaxaca.

Gustavo Díaz Sánchez fue detenido el 4 de noviembre de 2021 porque, según el entonces gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, se le investigaba si pertenece a alguna organización criminal.

Sin embargo, a cuatro años y casi tres meses de su detención, fue liberado mediante un amparo otorgado por un juez federal.

Es importante resaltar que el expresidente municipal de Cosolapa y su hijo, Gustavo Abigail Díaz “El Pino”, fueron procesados también en Veracruz por el homicidio del periodista de El Mundo de Córdoba, Julio Valdivia, y por presuntamente liderar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A “El Gato”, a su hijo José Alberto “N” y a Oliver “N” se les acusó de lesiones, delitos contra la salud, daños dolosos y contra las instituciones de Seguridad Pública; además, se les responsabiliza de presuntos asaltos a transporte de carga, homicidios, secuestros, extorsión, cobro de piso y narcomenudeo en los municipios Omealca y Tezonapa, en Veracruz, y en Cosolopa, Oaxaca.

Y en el caso de Oaxaca se dictó sentencia por el doble homicidio cometido en la Cuenca del Papaloapan.

De acuerdo con la causa penal 286/2021, los hechos se suscitaron el 11 de julio de 2021, cuando un grupo de sujetos arribó al domicilio de las víctimas, ubicado en inmediaciones de la localidad de El Refugio, perteneciente al municipio de Cosolapa, sometiendo y llevándose a la víctima Juan Carlos H. M.

Posteriormente, el 12 de julio de 2021, fue localizado su cuerpo sin vida en la carretera Acatlán–Cosolapa. Cabe señalar que horas después, la mujer Francisca M. V. (madre de Juan Carlos H. M.) también fue privada de la vida.

Por estos hechos, la Fiscalía presentó a Gustavo Díaz Sánchez alias “El Gato” ante el juez de la causa, quien posteriormente determinó vincularlo a proceso.

En audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria por 70 años (35 años por cada una de las víctimas) y se ordenó el pago de más de 896 mil pesos por concepto de reparación del daño.

Es importante mencionar que el 7 de abril de 2021, la entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Icela Rodríguez, identificó al hijo del exdiputado Gustavo Díaz Sánchez como líder local del CJNG, quien operaba la zona centro y sur de Veracruz, así como en las regiones de la Cuenca y el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó de la detención Gustavo Abigail, alias “El Pino”, por el homicidio del periodista de “El Mundo de Córdoba”, Julio Valdivia.

El periodista fue asesinado en Tezonapa el 9 de septiembre de 2020 y su cuerpo fue hallado decapitado en los puntos limítrofes de Veracruz y Oaxaca, según consta en la orden de aprehensión girada dentro del proceso penal 224/2020.

Luego, en mayo de 2022, la Fiscalía General de Oaxaca detuvo a Alfredo, alias “El Balín”, hermano del exdiputado del PRI, Gustavo Díaz Sánchez, quien junto con sus dos hijos se encuentran arrestados por sus presuntos vínculos con el CJNG.

Acapulco, Gro. Ganaderos de Acapulco exigieron ayuda, capacitación y programas de autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal, ante el riesgo que representa la plaga del gusano barrenador.

En conferencia de prensa en la Asociación Ganadera de Acapulco, la mañana del miércoles, los productores advirtieron que tienen el registro de 500 casos de cabezas de ganado contagiadas en Acapulco por el gusano barrenador, más allá de los 18 casos registrados oficialmente.

El presidente de la Asociación Ganadera de Acapulco, Francisco Ricart Rodríguez, señaló que la mala información generada alrededor del gusano barrenador ha afectado el consumo de carne.

Recalcó que los casos positivos se han dado en personas con padecimientos previos, por lo que insistió, se puede consumir carne con toda confianza, pues la enfermedad no se transmite de animal a animal, ni a las personas.

Ricart Rodríguez puntualizó que existe preocupación entre los 700 socios que integran la asociación ganadera local, al expresar que “tenemos el problema encima”.

Explicó que el primer caso de gusano barrenador en el puerto se detectó en diciembre pasado, en la comunidad de Piedra Imán, desde donde la plaga se extendió principalmente hacia comunidades de la zona norte del municipio.

El ganadero acusó que ha existido omisión e insensibilidad del gobierno federal, y señaló que las revisiones médicas realizadas por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, así como el gobierno estatal, han sido superficiales, además de que no han apoyado con ningún insumo para combatirlo.

Ricart Rodrígiez recriminó que “en realidad vemos muy poca preocupación, y lo más triste del caso es que aquí en el municipio de Acapulco hay 18 casos reportados oficialmente, pero a nosotros los reportes que nos llegan a la Asociación Ganadera, las pláticas que tenemos con los socios de las comunidades, es que tenemos más de 500 casos de gusano barrenador”.

Señaló que esta situación representa un costo adicional aproximado de más de mil pesos por animal, debido a los tratamientos que se deben aplicar, ante un sector ganadero de por sí golpeado por la falta de apoyo y de insumos.

Recalcó que Acapulco vive del turismo, pero la mayoría del dinero que genera dicho sector se lo llevan las empresas trasnacionales, mientras que la ganadería es la que aporta la mayor parte de recursos a la zona rural.

Detalló que Guerrero exporta 100 mil becerros al año para engordas del norte del país, e indicó que a nivel nacional el inventario ganadero ha disminuido.

Manifestó que el gusano barrenador eleva los costos de producción, pues se requieren pagar más horas hombre para vigilar el ganado.
Ricart Rodríguez recordó que el problema del gusano barrenador se agravó a partir de 2020, tras la introducción de ganado proveniente de Centroamérica, principalmente de Honduras, Nicaragua y Guatemala, sin los controles sanitarios adecuados.

Por ello, los ganaderos de Acapulco exigieron al gobierno federal implementar una estrategia seria para combatir el gusano barrenador, como la liberación de moscas estériles, así como capacitación y un programa de apoyo para resarcir los gastos por curaciones y tratamientos.

Esta semana, el Alto Tribunal confirmaba la adquisición de nueve unidades para “garantizar condiciones adecuadas de seguridad” de sus nueve integrantes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha anunciado este domingo que sus ministros renuncian a las camionetas blindadas, cuya adquisición anunció el Alto Tribunal esta misma semana, como una medida para “garantizar condiciones adecuadas de seguridad”. La compra había generado cierta controversia en la sociedad, por el mandato de austeridad que se impusieron los actuales ministros, partiendo de su presidente, Hugo Aguilar, que iniciaron mandato en septiembre.

En un comunicado compartido en sus cuentas de redes sociales, la SCJN ha señalado: “Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta Corte informan su decisión de no utilizarlos. Asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”. Los ministros no se han manifestado de manera individual.

El comunicado sigue: “Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera. Con el fin de precisar la información, mañana se ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones de este Máximo Tribunal”. Las camionetas tenían un coste entre el millón y medio de pesos (más de 85.000 dólares) y los tres millones (172.000 dólares), debido al nivel de blindaje que se haya solicitado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició un proceso de renovación de su parque vehicular con la asignación de camionetas Jeep Cherokee nuevas para cada uno de sus ministros, cuyo costo en el mercado oscila entre un millón 70 mil pesos y un millón 777 mil pesos, sin considerar posibles adecuaciones adicionales como blindaje.

De acuerdo con información oficial, el alto tribunal justificó la adquisición por razones de seguridad, al señalar que las unidades actualmente en uso, correspondientes a modelos 2019 y 2020, ya no cumplen con los estándares adecuados para garantizar la operación y protección de los ministros.

Mediante una tarjeta informativa difundida este jueves, la SCJN explicó que la decisión contempló opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, las cuales concluyeron que los vehículos asignados ya no reunían las condiciones mínimas de seguridad, por lo que su permanencia comprometía la función institucional.

“La SCJN tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades. Esta determinación respondió a criterios de prevención y seguridad institucional, no a consideraciones discrecionales”, precisó el máximo tribunal.

La Corte también fundamentó la medida en el Acuerdo General de Administración 2019, el cual establece en su artículo 32 que los vehículos utilizados para apoyo de la Dirección General de Seguridad pueden ser reemplazados una vez que hayan cumplido cuatro años de servicio, o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras, siempre previo dictamen técnico.

Asimismo, la SCJN indicó que la compra de las nuevas unidades se realizó de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido, con el propósito de no generar un gasto adicional para la institución.

“Con ello, la Suprema Corte reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional”, concluyó la institución.

La adquisición de estos vehículos ha generado debate público debido al alto costo de las unidades, en un contexto de austeridad y vigilancia sobre el uso de recursos públicos.