La presidenta Claudia Sheinbaum pidió duplicar los esfuerzos de socorro en 117 municipios para encontrar a 27 personas desaparecidas.

Al menos 41 muertos y una estela de destrucción, con deslaves, derrumbes e inundaciones, son el saldo el sábado (11.10.2025) de las intensas lluvias que se han desatado sobre México desde el pasado jueves, informó el gobierno federal.

Un comunicado de la Secretaría de Seguridad federal informó que subió a 41 la cifra de personas fallecidas en los centrales estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veraruz (este).

El reporte del viernes hablaba de 29 victimas fatales en distintas zonas del territorio mexicano.

Estas precipitaciones se presentan al final de la temporada húmeda, luego de que un sistema tropical del Golfo de México ingresó por el este a la Sierra Madre Oriental, lo que favoreció las precipitaciones, según meteorólogos.

Sierra Madre Oriental, zona de desastre

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó el despliegue de unos 10.000 militares para atender a las poblaciones afectadas de 117 municipios.

La ayuda a la población afectada por las recientes lluvias y desbordamientos de ríos no se detiene, cuando México llama, la Marina responde

⚓️ En Poza Rica, Veracruz, tras el desbordamiento del Río Cazones, 1,236 elementos navales han auxiliado a más de 2,000 personas, a través… pic.twitter.com/DXtvkelZAB

— SEMAR México (@SEMAR_mx) October 11, 2025

“Están desplegados integrantes y equipos del gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades”, escribió la mandataria en la red X tras una reunión por video con los gobernadores de los estados afectados.

El área del desastre es la Sierra Madre Oriental, una extensa cadena montañosa que corre paralela a la costa del Golfo de México y que está plagada de pequeñas localidades.

En estos distritos se han registrado daños en más de 35.000 viviendas, sobre todo por el desborde de ríos, lo que ha obligado a familias completas a abandonar sus hogares, añadió el reporte gubernamental

Las precipitaciones también han provocado deslaves y derrumbes que mantienen cerradas tanto modernas autopistas como caminos rurales que conducen a pequeños poblados.

En el video se observan a tres trabajadores -dos de ellos desde una camioneta- que el alcalde asegura acaban de entregar, arrojar los cuerpos de los animales de forma violenta y van quedando apilados.

PIEDRAS NEGRAS, Coah.- Empleados de la dirección de Bienestar, Salud y Rescate del municipio de Piedras Negras fueron grabados cuando arrojan desde una camioneta los cadáveres de perros y gatos, los cuales quedan apilados en una zanja, motivo por el cual el presidente municipal, Jacobo Rodríguez González, anunció una investigación sobre el caso.

Las imágenes generaron molestia en la población, principalmente entre ciudadanos y organizaciones defensores de los derechos de los animales.

“No hay forma de justificar ni minimizar un hecho así. Como presidente municipal condeno de manera enérgica y absoluta cualquier acto que vulnere la dignidad animal o contravenga los valores de respeto y humanidad que este gobierno ha promovido”, señaló en su intervención en La Mañanera y aseguró que se llegará a la aplicación de sanciones a los responsables.

El edil afirmó que se trata también de una situación orquestada, pero insistió en realizar el deslinde de responsabilidades, incluyendo las penales en caso de proceder.

Así se maneja el gobierno municipal de #PiedrasNegras. Sin ética, sin escrúpulos, presumiendo un departamento de "Bienestar animal" cuando claramente sienten un profundo desprecio por la vida de los animales.#PiedrasNegras #Coahuila pic.twitter.com/KydKQZ5I8D

— Irene Ⓥ 🌱🎾🐊 🇲🇽 (@zenmaster7) October 10, 2025

En el video se observan a tres trabajadores -dos de ellos desde una camioneta- que el alcalde asegura acaban de entregar, arrojar los cuerpos de los animales de forma violenta y van quedando apilados.

En la conferencia matutina de este viernes el coordinador de Bienestar, Salud y Rescate Animal, Alfonso Orta González, pidió una disculpa por los hechos que cometieron los empleados municipales y que ha provocado la indignación de la comunidad nigropetense.

“Como coordinador del Centro de Bienestar Animal pido una disculpa pública ante lo sucedido, porque al final de cuentas yo soy el responsable de los jóvenes que realizaron este acto con dolo y no de la forma adecuada, y aunque haya sido de disposición final, no es la forma (de realizarlo) y que es lo que se ha criticado”, dijo.

Las autoridades municipales señalaron que el incinerador no funciona desde hace tiempo, y que la disposición de los cuerpos de los animales son depositados en una fosa del relleno sanitario, que es cubierta con sustancias para evitar la contaminación.

En tanto, el director de Imagen Urbana municipal, Alexis González Beltrán, señaló que en el video se observa el manejo incorrecto de los cuerpos, pero aseguró no es así como quedan los animales muertos, ya que posteriormente se hace la maniobra para la disposición en la fosa y la aplicación de una capa de un material filtrante para hacer la sepultura correspondiente.

Todo parecía estar en orden y seguir los pasos habituales. La Fiscalía General de la República (FGR) había decomisado en el Estado de Guerrero una tonelada de cocaína al crimen organizado. Como marca la ley, la droga tenía que ser incinerada. Sin embargo, un grupo de funcionarios sustituyó el cargamento de cocaína por leche en polvo y eso fue lo que ardió en el fuego. La maniobra fue descubierta y hace unas semanas la Fiscalía destituyó y denunció a una decena de funcionarios, entre ellos al contralor de la dependencia, Arturo Serrano Meneses, el encargado en última instancia de dar el visto bueno a este tipo de operaciones. De acuerdo con fuentes de la FGR y el Gobierno federal consultadas por EL PAÍS, los acusados enfrentan cargos por corrupción y omisiones graves en las áreas de verificación de bienes asegurados y procesos de incineración de narcóticos. De la tonelada de cocaína que se salvó del fuego, poco más se sabe.

Entre los funcionarios destituidos hay un hermano de Santiago Taboada, exalcalde de Benito Juárez (Ciudad de México) y excandidato del PAN al Gobierno de la capital. Esta deriva política ha provocado que el caso haya entrado también al barro de la riña entre partidos. Morena está aprovechando la ocasión para desgastar al PAN y ha denunciado que, operada en gran medida por el hermano de Taboada, existe una red de corrupción y narcotráfico dentro de la fiscalía que se queda con los cargamentos de droga incautados para luego venderlos a intermediarios.

En respuesta a las acusaciones de Morena, el propio Santiago Taboada manifiesta en un escrito enviado a este diario que “no existe ninguna investigación, averiguación previa o carpeta de investigación en contra de mi hermano Sergio Taboada Cortina”. Y que “su desempeño público ha sido siempre transparente y apegado a la ley. No forma ni ha formado parte de ningún órgano de investigación dentro de la FGR”.

El excontralor fue desalojado de las instalaciones del Órgano Interno de Control de la Fiscalía a principios de agosto por parte de elementos federales de seguridad, según Reforma, que adelantó la información del caso. Serrano y el grupo de colaboradores acusados no fueron detenidos oficialmente en ese momento. La maniobra sirvió para obligarlos a renunciar de sus cargos. Los informes a los que ha tenido acceso EL PAÍS señalan que la Fiscalía les acusa de delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la administración de justicia.

El asunto de la cocaína intercambiada por leche en polvo es uno de varios expedientes armados contra Serrano y su grupo. La Fiscalía señala que el excontralor estuvo involucrado en irregularidades en la adjudicación de contratos públicos y en el cobro de sobornos a proveedores. De manera ordinaria, el asunto tendría que ser investigado por la Fiscalía de Asuntos Internos, pero Serrano y el resto de sus colaboradores son señalados de delincuencia organizada, materia de otra área de la FGR.

Este diario ha intentado contactar con Serrano a través de Javier Morales, su secretario particular, para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta a la petición. La Fiscalía acusa también a Sergio Taboada, responsable de la Unidad de Control y Evaluación y hermano del exalcalde panista; a Javier Morales, el secretario de Serrano; a José María Peña, secretario técnico; a Carlos Rascón, encargado de la Unidad de Responsabilidades; a Josué Crespi, de Denuncias e Investigaciones; a José Alzati, de Verificación del Destino Final de Bienes Asegurados; a Héctor Montes, de Auditoría Interna; a Alejandro Vélez, de la Unidad Jurídica, y a Javier Maldonado, de Administración.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó la investigación en curso contra Serrano y sus colaboradores en una de las conferencias Mañaneras de la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien llamó a que la investigación siguiera adelante y pidió al fiscal general, Alejandro Gertz, presentar un informe al respecto. Serrano fue designado como contralor de la FGR por la Cámara de Diputados en 2019 y en 2023 fue ratificado en ese cargo por otros cuatro años. Su renuncia forzada evitó el trámite para que la Cámara Baja lo destituyera. Ahora, en su lugar, los diputados nombraron a Óscar del Río Serrano, hijo de José Manuel del Río Virgen, un político de Movimiento Ciudadano (MC) muy cercano a Ricardo Monreal, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.

Reforma reportó que Serrano tramitó un amparo para evitar su captura y señala que el excontralor también fue denunciado por presuntamente haber pedido un soborno de seis millones de pesos a la firma Casanova Rent Volks para arreglar una contratación relacionada con el arrendamiento de vehículos para la Fiscalía. En este caso, también está señalado Carlos Rascón. Casanova es un viejo proveedor de la FGR. En 2020, la dependencia de Gertz le adjudicó directamente un contrato de 1.620 millones de pesos por el servicio de arrendamiento vehicular.

Tras el escándalo, los diputados del PAN exigieron a la Fiscalía informar sobre los procedimientos contra Serrano e hicieron notar la posible irregularidad de su destitución, una facultad que correspondía exclusivamente a la Cámara de Diputados. Si bien el excontralor fue orillado a renunciar, con lo que se salvó el protocolo de la remoción, desde la Secretaría de Gobernación —según las fuentes consultadas por EL PAÍS— leyeron la intervención de los panistas como “una clara defensa” de los funcionarios acusados, especialmente por el nexo con Taboada.

El exalcalde es mano derecha de Jorge Romero, el dirigente del PAN, y está encargado de la operación política desde la dirigencia del partido conservador. Taboada es uno de los mayores enemigos del oficialismo, que lo acusa de formar parte del cartel inmobiliario que hizo negocios millonarios con obras en la alcaldía Benito Juárez. El portavoz del bancada de diputados de Morena, Arturo Ávila, asegura que el hermano de Santiago Taboada es uno de los principales operadores de la trama. Y que “todo lo que decomisaban de cocaína lo sustituían por leche en polvo, para después sacarla y venderla”.