La Sedena asegura que ha apartado a los soldados que dispararon después de que un convoy fuese embestido. Las versiones de medios locales apuntan a que se trataba de unos campesinos

El Ejército de México mató por error a seis personas en Tamaulipas este martes por la noche, según han confirmado fuentes oficiales a este diario. Los hechos ocurrieron en el sur del Estado, el lunes, en la carretera que comunica Mante con Tampico. La dependencia señala que una camioneta blanca trató de embestir un convoy militar y que, como respuesta, soldados dispararon. Cinco pasajeros de la camioneta murieron en el acto y otro más falleció, camino ya del hospital. Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas.

El lenguaje empleado por la Sedena impide entender mejor el evento, más allá de que ocurrió a eso de las 20.00, en plena carretera, y de que los militares dispararon “al percibir una amenaza a su integridad física y después de algunas maniobras”. En todo caso, el comunicado omite cualquier referencia a un posible ataque armado en su contra. Medios locales han informado en las últimas horas de que las víctimas eran en realidad jornaleros. El sur de Tamaulipas es una zona de rica actividad agrícola, por los cultivos de caña de azúcar, pero también de cítricos, hortalizas y cereales.

Este miércoles, la presidenta, Claudia Sheinbaum, se ha referido al caso. “Muy lamentable. La Defensa de inmediato tomó cartas en el asunto. Están las denuncias… Se va a revisar completamente la actuación y [vamos a estar] muy cerca de las familias. Hay que revisar, para tener todos los datos de qué ocurrió”, ha dicho. “Nosotros tenemos un sistema jurídico, pero no somos la guerra contra el narco, no. Entonces se permitía llegar y disparar, la orden era disparar, aquí no”.

Como ocurre cuando se dan balaceras que involucran a autoridades federales, la Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una investigación, cosa de la que ha informado la propia Sedena. La FGR no se ha referido al respecto. Como ha ocurrido en otras ocasiones, la Fiscalía de Justicia Militar ha abierto igualmente una indagatoria, pesquisa que suele convertirse en la base de la investigación de la FGR, encuadrando el evento de acuerdo a su visión. “Preocupa que se sigan abriendo investigaciones paralelas en el Fuero Militar en casos de probables violaciones graves a derechos humanos”, ha dicho el Centro Pro, que ha documentado cantidad de casos como este en los últimos años.

El caso recuerda inevitablemente a dos ocurridos en los últimos meses, ya con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. El más cercano tuvo lugar en Badiraguato, Sinaloa, en mayo. Entonces, militares dispararon contra una camioneta en una carretera del municipio, extenso, enclavado en la sierra, de geografía accidentada. En la camioneta iban cuatro menores y dos adultos. Por los disparos, dos niñas de 7 y 11 años, Alexa y Leydi, murieron. Los otros dos menores y los adultos resultaron heridos. Como ahora, el Ejército no señaló agresión alguna en su contra.

El otro caso data de octubre, hace justo un año, cuando Sheinbaum llevaba apenas unas horas al mando. En Chiapas, militares dispararon contra una camioneta que transportaba migrantes, en una carretera rural que une los municipios de Villacomatitlán y Huixtla. Según el relato oficial, el vehículo trató de huir. En la huida, los soldados dicen que escucharon detonaciones y dispararon. Seis migrantes resultaron muertos y otra docena quedó malherida. Como ahora, la Sedena anunció que relevaría de sus tareas a los militares implicados.

Hay más casos por el estilo, de relato oficial parecido, situaciones que esconden, en realidad, una de las manchas más profundas y extensas de las estrategias de seguridad de los últimos cuatro gobiernos. Desde los años del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), el Ejército se ha hecho cargo del principal despliegue de fuerzas de seguridad en el país. Como si fueran policías, con el único problema de que no lo son. Su falta de adiestramiento y las cíclicas políticas de mano dura de los mandos territoriales y nacionales han ocasionado que hechos como el del lunes tengan cantidad de reflejos en el pasado.

Con un aumento de 10 por ciento al precio de la cerveza, las bebidas azucaradas y el tabaco, el consumo bajaría 12, 10 y 7 por ciento, respectivamente, lo que a su vez reduciría la carga de enfermedad y muerte asociada, afirmaron expertos de la Universidad John Hopkins, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Exhortaron a los legisladores a aprobar incrementos en los impuestos a estos productos a los ultraprocesados y bebidas azucaradas; estas últimas generan 30 por ciento de los casos de diabetes, padecimiento que al año causa más de 100 mil muertes, resaltaron.

Durante la discusión del proyecto de Ley de Ingresos 2026, donde el Poder Ejecutivo plantea aumentar gravámenes al consumo de estas mercancías, los especialistas rechazaron que los impuestos sólo sirvan para fortalecer las arcas gubernamentales. Su principal objetivo es reducir el consumo sin provocar un incremento del comercio ilícito. Así se ha demostrado en investigaciones científicas independientes.

Sostuvieron que los impuestos al consumo son la mejor alternativa, la más efectiva para reducir la carga de enfermedades como cáncer y cardiovasculares, entre otras.

En un documento firmado por Juan Rivera Dommarco, investigador emérito del INSP; los especialistas del mismo instituto Juan Carlos Salgado y Mishel Unar, así como Luis Huesca, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD); Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), y el economista de la salud Carlos Guerrero, de Economics for Health-Johns Hopkins University, expresaron su respaldo a los impuestos saludables.

Aseguraron que los costos de las enfermedades asociadas al tabaco, bebidas alcohólicas y azucaradas afectan en mayor medida a las personas de bajos ingresos económicos, que se ven obligadas a gastar en la atención de su salud, dejan de adquirir bienes esenciales y se enfrentan a la pérdida de productividad por la discapacidad y muertes prematuras causadas por es-tos productos.