La Arquidiócesis Primada de México presentó el Plan Preventivo contra las Violencias Sexuales, el cual consiste en ocho puntos que deberán cumplir todas las parroquias.

La Iglesia católica presentó un plan para evitar abusos en contra de menores en las parroquias.

En el semanario Desde la Fe se publicó parte del Plan Preventivo contra las Violencias Sexuales, que contempla ocho requisitos para que todas las parroquias de la Arquidiócesis de México estén libres de riesgos de abuso hacia niños y jóvenes.

“La prevención es la fuerza más formidable, universal y misteriosa, inscrita en el corazón del hombre, capaz de transformar el mundo. Por lo cual, para que la Iglesia sea un espacio seguro, requiere ser sensible ante las necesidades de sus miembros, de tal manera que esté abierta a la escucha, la comunicación, la acogida”, señaló la Iglesia.

La Arquidiócesis sostuvo que un aspecto muy importante es garantizar en cada parroquia la seguridad de los menores, así como de los adultos vulnerables, por lo que estableció una serie de requisitos que deben cumplirse para constituirse como espacios libres de violencia.

Entre estos puntos destaca implementar una “correcta” educación sexual parental. La Iglesia sostiene que brindar solo educación sexual formal y científica no es suficiente, ya que se limita a explicar la fecundación, pero advierte que en la sexualidad intervienen también sentimientos, cultura, historia, sociedad, familia y vínculos afectivos.

Detalla que estos aspectos no los enseña la ciencia, sino la educación desde el amor, la ternura y la seguridad que ofrece la familia y los vínculos sanos.

También se apuesta por la creación de comitivas, códigos de conducta y reglamentos, pues se requieren elementos bien establecidos que guíen el comportamiento de las personas, establezcan de manera clara los límites y revisen los aspectos particulares del entorno.

Otro punto es realizar talleres de sensibilización, formación y capacitación que aborden temas como los diferentes tipos de violencia: familiar, económica, étnica, social, sexual, bullying, psicológica, de pareja, física y digital. También se abordarán problemas sociales como negligencia, adicciones, enfermedades, desplazamiento y migración, discriminación, inseguridad, conflictos armados, divorcio y familias disfuncionales.

El plan también contempla la difusión de información que promueva espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, para que la población acceda a comentarios proporcionados por expertos y reflexione sobre sus realidades concretas.

Además, se propone disminuir los lugares de riesgo, es decir, observar los espacios inmuebles o de encuentro para identificar aspectos que representen un peligro para la integridad de niñas, niños, adolescentes y adultos en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, se plantean cambios de fondo que ayuden a sanar las “heridas” generacionales, las formas de educar que se repiten de manera inconsciente y las prácticas de crianza que “dañan profundamente” a las personas y afectan todos los aspectos de su desarrollo.

Mientras expertos aseguran que esta figura abre la puerta a abusos, el Ejecutivo propone que aplique para casos de “necesario resguardo” ante la existencia de amenazas a juzgadores o sus familias.

En el próximo periodo ordinario de sesiones que arranca en septiembre, el Congreso de la Unión regulará la polémica figura de los “jueces sin rostro”, por lo que se establecerán pautas para preservar la seguridad e identidad de impartidores de justicia que enfrenten riesgos o amenazas a su vida o integridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum propone una serie de nuevas disposiciones que ajustarían esta figura en caso de ser aprobadas: que no sean permanentes, sino que se haga una valoración caso por caso; y que las medidas de protección sean autorizadas previa solicitud del Ministerio Público o la “autoridad judicial competente”.

En la iniciativa se plantea que la figura comience su aplicación en 2026 y que las medidas “de resguardo” se autoricen solo cuando los asuntos versen sobre los delitos establecidos en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, como narcotráfico.

No obstante, especialistas y juzgadores advierten que la experiencia en otros países muestra que la existencia de jueces anónimos o “sin rostro” limita el derecho a la defensa, va en contra del principio de publicidad, abre la puerta a riesgos y abusos, y no garantiza que mejore la justicia penal.

Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), subraya que dicha figura tiene efectos “muy negativos”, por lo que lo deseable es que no exista en la legislación ni el sistema de justicia.

“Es muy difícil que con una figura que se llame jueces sin rostro una persona pueda acceder a todos los elementos que requiere el ejercicio de efectivo de su defensa y por lo tanto preferiríamos que una figura de ese tipo no existiera”.
—Carolina Jiménez, presidenta de WOLA.

La figura como tal —aunque sin ese nombre— ya está establecida en la Constitución, pues se introdujo en la Reforma Judicial de 2024. Pero ahora se propone modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para regularla con el carácter de “jueces con resguardo de identidad”.

Se plantea que sean juzgadores anónimos temporalmente y por caso, según riesgos comprobados; no abordarían todo tipo de materias; y sería el nuevo Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial (OAJPJF), auxiliado por una nueva Unidad Especializada que comenzaría a operar en 2026, el que decida “resguardar” o no los datos de las personas juzgadoras.

Este 20 de julio, Morena realizará su Consejo Nacional, donde se discutirá desde la creación de una comisión para la afiliación de Morena hasta conformar comités seccionales rumbo a las elecciones.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó como “excesivo” que Morena cree una comisión encargada de evaluar los perfiles de quienes deseen afiliarse al partido.

“Es entendible que haya esa preocupación, porque hay un reclamo de la militancia y de la ciudadanía de los llamados chapulines, gente que viene de otras formaciones políticas y que se suman al movimiento. (…) Una comisión que decida quién entra y quién no, francamente me parece excesivo”, dijo el legislador.

En conferencia, el senador comentó que el reclamo que han hecho los morenistas sobre las personas que se están afiliando y que vienen de otros partidos, se puede resolver solo colocando en el Estatuto cuáles son las conductas que no se aceptarán en sus filas.

“Que personas que hayan incurrido en esas conductas, pues no deben ingresar al partido. Como que hayan sido sancionados por corrupción o hayan participado en actos de represión. Son cosas objetivas, puntuales y claras”, mencionó.

Ejemplificó con el expresidente Felipe Calderón, de quien comentó que él no podría afiliarse a Morena, porque “usurpó la presidencia, bañó de sangre el país, sus conductas son contrarias a los intereses nacionales”.

Además, recordó que Miguel Ángel Yunes, el expanista, nunca quiso afiliarse a Morena, y aseguró que lo hizo por invitación de los senadores. Ello porque al registrarse ante el partido, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y legisladores reclamaron que lo hiciera.

“Sin el voto de Yunes no hubiéramos sacado la reforma al Poder Judicial”, comentó Fernández Noroña.

Este domingo 20 de julio se realizará el Consejo Nacional, en donde se creará un órgano colegiado que evalúe los perfiles de aquellos políticos que vengan de otros partidos y que busquen afiliarse a Morena.

Esto porque morenistas han reclamado que se acepte en las filas del partido oficialista a personajes “corruptos”, como Miguel Ángel Yunes Márquez y Alejandro Murat Hinojosa.

Tras esos reclamos, Yunes Márquez canceló su afiliación, pero aseguró que seguirá en la bancada de Morena en el Senado, y hasta le dieron la presidencia de la Comisión de Justicia del Senado, debido a que su voto hizo la diferencia para que pasara la reforma al Poder Judicial.